Líderes de organizaciones venezolanas en Florida pidieron este miércoles que se vote en contra de las iniciativas legislativas migratorias que se discuten en el Senado estatal, que califican de «ataque directo a la comunidad de venezolanos» en el estado.
Los proyectos de ley SB 1808 y HB 1355 «son un ataque directo a la comunidad de venezolanos en Florida», señalan los líderes de las organizaciones en una carta enviada al presidente del Senado floridano, Wilton Simpson, así como al gobernador estatal, Ron DeSantis, que contempla como una prioridad la aprobación de estas medidas legislativas.
Los firmantes de la carta, entre quienes figuran María Corina Vegas, coordinadora de American Business Immigration Coalition Action, indican que muchos de los venezolanos en Florida amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) tienen sus permisos de trabajo retrasados por los atascos burocráticos en las oficinas gubernamentales de inmigración.
Venezolanos indignados
«Tal como está escrita, esta legislación nos definiría como ‘extranjeros no autorizados’ porque nuestras solicitudes de permisos de trabajo se retrasan debido a causas ajenas a nosotros», reclamaron los firmantes de la misiva dirigida también a los autores de los proyectos, el senador Aaron Bean (SB 1808) y el legislador John Snyder (HB 1355).
«Todo lo que esta gente quiere, nuestra familia, nuestros vecinos, es poder trabajar para mantener a sus familias. Es un escándalo que este proyecto de ley ponga en peligro su capacidad de hacerlo, inyecte inestabilidad e incertidumbre en sus planes a largo plazo», agregaron en el texto, enviado igualmente a la senadora Kathleen Passidomo y al presidente de la Cámara baja estatal, Chris Sprowls.
Los firmantes, incluido el fundador de la Casa De Venezuela Orlando, William Diaz, resaltan que los venezolanos son «una parte clave y creciente de las comunidades y la economía de Florida». Así como de una «orgullosa tradición de inmigrantes» que hacen de este estado una «potencia económica».
Razones políticas
«Este proyecto de ley se hizo por razones políticas. Hemos visto demasiadas veces en las Américas y ahora en Europa cuando los hombres poderosos se involucran en la intimidación y en el teatro político, lastimando a niños, trabajadores y familias inocentes», añaden los firmantes.
«Eso está mal en Ucrania, está mal en Venezuela y está mal en Florida», manifestaron.
Los proyectos de ley en cuestión, entre otros aspectos, recrudecen las medidas contra las «ciudades santuario» de indocumentados.
Asimismo bloquean contratos con empresas estatales a las compañías que por encargo de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, transporten indocumentados a Florida.
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En febrero, líderes empresariales, religiosos y de derechos civiles exigieron a DeSantis que deje de usar a los menores de edad inmigrantes como «arma política».
También pidieron que suspenda el decreto para cerrar los albergues que acogen a niños indocumentados que llegan al país sin sus padres.
Entre ellos figuraron el arzobispo católico de Miami, Thomas Wenski. Así como el empresario Mike Fernández, miembro de la American Business Immigration Coalition Action y un antiguo e importante donante de las campañas políticas de candidatos conservadores.
