El Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medida de los municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, ejecutó medida de secuestro preventivo sobre el edificio sede regional del CNP ubicado en la Av. Las Ferias, el cual estuvo ocupado por la Fundación Casa del Rey como arrendataria desde el año 2017 y se mantuvo morosa desde 2019.
Desde las 10 de la mañana del jueves 27 de julio, la secretaria general del CNP Carabobo, Ruth Lara Castillo, junto a los integrantes de la Junta directiva, Yelixa Lugo Blanchard, Dhameliz Díaz, Delia Sánchez y Randolfo Blanco, llegaron a la sede gremial para recibir a las autoridades judiciales.
Por su parte, la jueza provisoria, María Fernanda Cruces Tovar, del Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de los municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, se presentó acompañada de una comisión policial para su debido resguardo, durante la ejecución de la medida que se extendió hasta horas de la tarde.
La máxima autoridad del gremio periodístico en la entidad, Ruth Lara Castillo, explicó que esta medida de secuestro preventivo sobre el edificio sede del CNP Carabobo, es parte de una demanda de desalojo en contra de los representantes de la mencionada fundación por la falta de pagos, y luego de numerosas reuniones realizadas desde 2019 para buscar una salida conciliatoria y favorable.
“La acción legal ejecutada este jueves 27 de julio es el inicio de un juicio al que asistiremos las partes involucradas, para dar fin a una situación que mantuvo a la directiva impedida de informar públicamente a los afiliados sobre la delicada situación que ha afectado notablemente la estructura de la edificación, para no entorpecer el debido proceso”, señaló la gremialista.
Destacó que, además, del incumplimiento de la Casa del Rey de los pagos por arrendamiento, los espacios de la sede fueron afectados durante la permanencia de esa fundación y su morosidad hizo más dificultoso los pagos para cubrir los gastos de servicios como electricidad, agua, aseo urbano, así como de los impuestos municipales correspondientes.
“Realizamos diversas inspecciones, hicimos registro fotográfico por recomendación de nuestros asesores legales, todo con el propósito de lograr esta acción que fue aprobada por toda nuestra directiva en enero de este año, conformada además por Juan José Totesautt, así como los colegas Francisco Briceño, Ricardo Graffe en ese momento, como consta en acta”, agregó Lara Castillo.
Anunció la vocera que, una vez finalizado el juicio en contra del referido arrendatario, se podrá comenzar la recuperación de los espacios, para su máximo aprovechamiento en la realización de las actividades gremiales programadas por la directiva. Nota de Prensa
