La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha determinado el restablecimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos venezolanos, fijando la fecha de implementación para el 6 de noviembre de 2026. Esta resolución surge tras la desestimación, por parte del tribunal, de la solicitud gubernamental destinada a prolongar la suspensión de un fallo previo, el cual cuestionaba la legalidad de la finalización de las protecciones migratorias para este colectivo.
Alcance y naturaleza de la medida
Esta decisión judicial impacta a una población estimada entre 600.000 y 627.750 venezolanos amparados bajo las designaciones migratorias de 2021 y 2023. El TPS, definido como una medida humanitaria, otorga a los beneficiarios protección contra la deportación y la posibilidad de gestionar un Documento de Autorización de Empleo (EAD), otorgado a ciudadanos de naciones que atraviesan crisis de inseguridad, desastres naturales o conflictos bélicos.
Procedimiento legal pendiente
A pesar del fallo del Noveno Circuito, el estatus legal de la medida no es definitivo. Existen factores clave que podrían alterar su aplicación inmediata:
- La administración estadounidense mantiene la posibilidad de presentar un recurso de emergencia ante la Corte Suprema de Justicia para intentar extender la suspensión vigente.
- El litigio, que se originó cuando un juez federal declaró ilegal la cancelación del programa, aún permanece abierto ante las instancias superiores.
- La jurisprudencia previa indica que la Corte Suprema ha intervenido anteriormente para mantener paralizadas estas protecciones mientras se desarrollan los procedimientos legales correspondientes.
