Salvatore Mancuso Gómez, uno de los fundadores del sanguinario grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), regresó este martes a su país deportado por Estados Unidos. Llegó para responder ante la justicia colombiana y también como uno de los gestores de paz del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el ámbito de su política de Paz Total.
Mancuso fue condenado en el 2015 en Estados Unidos a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico, pena que cumplió en marzo del 2020 porque el juez que lo sentenció le convalidó parte de la condena que ya había cumplido en Colombia, donde estuvo encarcelado desde el 2006, así como los años que había pasado en prisión en Estados Unidos a la espera de su juicio.
Después de aterrizar en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, este martes, el estado de salud de Mancuso fue verificado por parte de los funcionarios de Migración que luego lo dejaron en custodia de la Policía Judicial, indicó El Tiempo que notificó al ex jefe paramilitar las condenas que pesan sobre él en Colombia, y de inmediato fue recluido en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá”, aseguró una fuente al diario El Tiempo. En el traslado de Mancuso a La Picota se utilizaron varias camionetas blindadas y un dispositivo de más de 100 personas, además de dos helicópteros de la policía, precisó El Tiempo.
Los abogados de Mancuso habían pedido que fuera llevado a Italia debido a su doble nacionalidad o permanecer en Estados Unidos, pero luego el exjefe paramilitar cambió de opinión y accedió a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para realizar aportes de verdad sobre su participación en el conflicto armado interno de Colombia.
“El proceso no ha terminado, aun no se sabe toda la verdad de las haciendas entregadas y muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”, dijo Petro el año pasado para justificar su decisión de designar a Mancuso como gestor de paz.
Mancuso ya ha participado de forma remota en varias audiencias de la JEP, en las que ha proporcionado información sobre cómo las AUC ejercían de “bisagra” entre el aparato militar y el paramilitar en varios “patrones de macrocriminalidad” como desplazamientos o ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con EFE.
En su relato del 16 de mayo de 2023 en la audiencia ante la JEP, que se realizó en Montería, departamento de Córdoba, Mancuso mencionó nombres de políticos que habrían apoyado su causa, entre ellos el exvicepresidente Francisco Santos.
¿Pero, quién es Salvatore Mancuso?
Salvatore Mancuso Gómez, conocido también como Mono Mancuso, Santander Lozada o Triple Cero, nació en el municipio de Montería (Córdoba) el 17 de agosto de 1964. De familia acomodada, es un narcotraficante y exjefe paramilitar de ascendencia italiana.
Realizó estudios en ingeniería civil en la Universidad Javeriana y administración agropecuaria en la Escuela de Formación Técnica Agrícola. Estudió inglés en la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, Estados Unidos, según un perfil suyo en la Fiscalía.
Mancuso fue un rico y reconocido ganadero de Córdoba, en el norte de Colombia que comenzó su carrera criminal a comienzos de los años 90 armando civiles y colaborando con el ejército para proteger los latifundios que eran tomados por las guerrillas en Córdoba.
Tiempo después, según un informe de CNN, ingresó al grupo paramilitar conocido como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), donde ocupó el cargo de segundo comandante.
En 1994, junto a los hermanos Vicente y Carlos Castaño, Mancuso fundó el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y fue nombrado como jefe del Estado Mayor de esa organización.
De acuerdo con un informe de BBC Mundo, para principios del siglo 21 Mancuso había consolidado su influencia en círculos empresariales, universitarios y políticos de Colombia y promovido una impresionante expansión del control territorial del paramilitarismo más allá de Córdoba.
Las AUC llegaron a regiones como Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, donde Mancuso creó uno de los batallones más poderosos del paramilitarismo, el Bloque Catatumbo.
En el 2005, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe firmó un acuerdo de paz con las AUC que pactó la desmovilización y verdad de los paramilitares a cambio reducciones de penas, a través de la Ley de Justicia y Paz.
Mancuso se había desmovilizado en diciembre del 2004 con el Bloque Catatumbo, junto con otros 1.400 hombres, por lo que después fue sometido a la Ley de Justicia y Paz, que buscaba “facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados”.
En el 2014, mediante dos sentencias, Justicia y Paz condenó en ausencia a Mancuso a 40 años de cárcel por un total de 1.500 crímenes que incluyen homicidio de persona protegida, desplazamiento forzado de población civil, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, tortura en persona protegida, secuestro simple, acceso carnal violento en persona protegida, actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos, violación de habitación ajena, amenazas, actos sexuales violentos en persona protegida, prostitución forzada tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida, aborto sin consentimiento, secuestro extorsivo.
Pero con los beneficios de la Ley de Justicia y Paz su condena quedó en 8 años de prisión.
Las sentencias se emitieron cuando Mancuso ya llevaba 6 años en Estados Unidos. En el 2008, Uribe decidió extraditarlo junto a otros jefes paramilitares con el argumento de que estaban delinquiendo desde la cárcel en Colombia.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), las AUC cometieron la mitad de los 262.000 homicidios derivados del conflicto armado en Colombia entre 1958 y el 2016.
Los grupos paramilitares de los que formaron parte las AUC están acusados de ser el actor armado más violento de Colombia, según el Informe Final sobre el Conflicto Armado del CNMH.
“El paramilitarismo en Colombia ha causado heridas que siguen hoy sin sanar, marcadas por el terror y las acciones violentas concentradas, principalmente, en asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas”, dice el informe.
En ese informe se relata también uno de los capítulos más importantes de la historia de Colombia: la “parapolítica”, el episodio ocurrido en el 2005, cuando se dio la mezcla de los grupos armados ilegales con la política, donde el 35% del Congreso fue elegido gracias al paramilitarismo, “dado que ese porcentaje correspondía a representantes de zonas de influencia paramilitar donde los dineros del narcotráfico habían sido fundamentales para las campañas”, relató alguna vez Mancuso.
Las deudas de Mancuso con la justicia
Actualmente, de acuerdo con El Tiempo, Mancuso tiene un proceso en curso en la justicia ordinaria por lavado de activos y concierto para delinquir, que habría cometido tras su desmovilización.
Además, en abril del 2023 fue acusado por la supuesta comisión de 4.071 crímenes que dejaron 6.552 víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre. Entre ellos, contabilizan 1.116 homicidios, 2.023 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos de violencia basada en género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 asociados a otros delitos.
El Tribunal Superior de Bogotá, por su parte, imputó a Mancuso por 1.153 incidentes delictivos registrados en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. En estos figuran 229 homicidios, 108 desapariciones forzadas y 690 hechos por desplazamientos forzados. La Fiscalía también imputó a Mancuso por las masacres de El Aro, La Granja y Pichilín, informó CNN.
Por ello, Esteban Salazar, analista político, sostiene que lo que vendría para Mancuso es una mediación pero no en libertad, debido a que aún debe responder por delitos en Colombia y no tiene estatus político como el ELN y las disidencias de las FARC que actualmente adelantan negociaciones de paz con el Gobierno de Petro, reseñó CNN.
“Hoy la ley de Paz Total solo otorga facultades para retirar órdenes de captura a organizaciones con reconocimiento político (ELN y disidencias)”, tuiteó Salazar. “Por lo anterior, aunque el presidente puede hacer uso de sus facultades para nombrar gestor de paz a Mancuso, este no podrá gozar de libertad, porque no tiene estatus político y porque debe responder por centenares y miles de delitos aún en Colombia ante la justicia ordinaria”, agregó.
Mancuso y Álvaro Uribe
Álvaro Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, decidió extraditar a Salvatore Mancuso a Estados Unidos en 2008. Para los críticos del entonces popular mandatario de derecha, la decisión fue un intento por callar al excomandante; para Uribe y sus partidarios, una necesaria sanción a una decena de jefes paramilitares que seguían delinquiendo desde la cárcel. Mancuso ha dicho que quien fuera el asesor más cercano de Uribe como gobernador de Antioquia en los años noventa, Pedro Juan Moreno, ayudó a conformar y fortalecer a los paramilitares, y que fue un intermediario del mandatario para ordenar una masacre (en el poblado de El Aro) y un asesinato (del defensor de derechos humanos Jesús María Valle). También ha dicho que Uribe le quitó el esquema de seguridad a un alcalde, Eudaldo Díaz, del municipio de El Roble, a sabiendas de que los paramilitares lo iban a asesinar.
El antiguo jefe paramilitar ha admitido que las AUC simpatizaban con los planteamientos ideológicos de Uribe, y aseguró que apoyaron la elección del expresidente en 2002. “Recibí directamente órdenes de mis comandantes de apoyar al presidente Uribe, candidato a la Presidencia en ese momento”, dijo sobre esa elección. El expresidente ha rechazado categóricamente todas las acusaciones en medios, redes sociales y tribunales.
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