El sistema judicial argentino dio inicio este viernes a un nuevo proceso oral y público contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner. Ambos enfrentan acusaciones por asociación ilícita y lavado de dinero, delitos que, de comprobarse, contemplan penas de hasta 10 años de prisión. La audiencia inaugural se desarrolló de manera virtual, conectando a la veintena de procesados, entre los que figuran exfuncionarios públicos y empresarios del sector de la construcción.
La estructura de la acusación
La Fiscalía sostiene que la organización criminal operó de manera estable y permanente entre 2003 y 2015, bajo las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Según la tesis fiscal, los acusados utilizaron las empresas Hotesur y Los Sauces como vehículos financieros para integrar fondos de origen ilícito —provenientes de la adjudicación irregular de obra pública— al patrimonio familiar. El mecanismo principal consistía en la contratación simulada de plazas hoteleras en Santa Cruz por parte de contratistas del Estado, como Lázaro Báez, quienes pagaban por servicios que no eran utilizados.
Contexto judicial y defensas
Este nuevo debate ocurre mientras la expresidenta cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria, dictada en 2025, junto con una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la obra vial. Por su parte, la defensa de la exjefa de Estado ha desestimado las acusaciones, calificándolas de una persecución judicial con fines políticos destinada a excluirla de la vida pública argentina. El tribunal deberá determinar ahora si las operaciones inmobiliarias y hoteleras investigadas constituyeron, efectivamente, una estructura diseñada para el blanqueo de capitales provenientes del erario público.
