Erin McCandless*
Al Jazeera
El caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) está sacudiendo los cimientos del orden internacional basado en reglas. El creciente número de actores estatales y no estatales que expresan su apoyo a este caso, y a la liberación palestina en general, está señalando el surgimiento de un movimiento por un orden internacional más justo y basado en principios.
De hecho, Estados, organismos regionales, instituciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo están adoptando una postura contra la guerra de Israel contra Gaza y el apoyo aparentemente incondicional de sus aliados occidentales. Las demandas se centran en un alto el fuego inmediato en Gaza y una resolución permanente y justa del conflicto palestino-israelí, una solución que considere el contexto de décadas de ocupación israelí del territorio palestino y el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
En el proceso, se están construyendo las bases morales, institucionales y jurídicas para un orden más justo y basado en normas, un orden en el que los actos de agresión no se pasen por alto y el derecho internacional humanitario se aplique por igual a todos.
La fragilidad del actual orden basado en normas era evidente mucho antes del ataque a Gaza.
Dado que poderosos miembros permanentes vetan sistemáticamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) según sus intereses y preferencias nacionales, la comunidad internacional ha estado luchando por tomar medidas colectivas para defender el derecho humanitario, proteger a las comunidades vulnerables y castigar a los actores deshonestos.
En un sistema construido sobre bases coloniales asimétricas e injustas, donde las instituciones financieras, políticas y jurídicas tienen deficiencias inherentes, la adhesión selectiva al derecho internacional ha causado durante mucho tiempo disputas entre las naciones. La propia ONU citó el doble rasero en la aplicación de ciertos derechos como una amenaza a la seguridad global en su Nueva Agenda para la Paz, en julio de 2023 –meses antes del inicio del último ataque a Gaza–.
Sin embargo, la guerra de Israel contra Gaza y la respuesta del mundo a ella han puesto de relieve estas deficiencias existentes y han acelerado el colapso del sistema que ya estaba en marcha.
La respuesta radicalmente diferente de la comunidad global a las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por Rusia en Ucrania y las de Israel en Gaza hizo evidente que bajo el actual orden basado en reglas, no toda la vida humana se valora por igual.
El rápido desfinanciamiento de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) por parte de varios países occidentales sobre la base de afirmaciones israelíes sin fundamento de que un puñado de miembros del personal de la agencia participó en el ataque de Hamás del 7 de octubre añadió peso a las crecientes críticas al sistema.
El caso de Sudáfrica ante la CIJ, que condena la guerra de Israel contra Gaza como ilegal e inmoral, y sugiere que equivale a genocidio, ha surgido como una poderosa articulación de la revuelta cada vez mayor del Sur Global contra la hipocresía y la falta de coherencia del orden basado en las normas actuales.
Mientras tanto, también se están tomando medidas a nivel intergubernamental para exponer las actuales inconsistencias en la aplicación del derecho internacional y lograr un orden nuevo, más justo y basado en reglas. Mientras que los vetos de Estados Unidos a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que piden un alto el fuego en Gaza hacen imposible la acción colectiva a este nivel, la CIJ está considerando actualmente una iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las consecuencias jurídicas de la continua ocupación israelí del territorio palestino, solicitada por mayoría de votos en Diciembre de 2022. Después de que comenzaron los procedimientos a principios de este mes, un récord de 51 países presentaron argumentos sobre las controvertidas políticas israelíes en Cisjordania, la Franja de Gaza y la Jerusalén Oriental ocupada, y solo dos de ellos (Estados Unidos y Hungría) defendieron la legalidad de la ocupación. Es el mayor número de partes que participan en cualquier caso de la CIJ desde que se estableció el tribunal superior de la ONU en 1945. La opinión del tribunal, que se espera que se emita antes de fin de año, no será vinculante para el Consejo de Seguridad ni para Israel. Sin embargo, podría ejercer presión sobre Israel y su aliado más incondicional, Estados Unidos, para que se ajusten al derecho internacional.
Bloques regionales clave también han condenado enérgicamente las acciones y políticas israelíes actuales y pasadas como violaciones del derecho internacional humanitario y exigen justicia e igualdad para todos los pueblos en el ámbito internacional. El Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) de 120 miembros ha denunciado la alteración por parte de Israel del paisaje físico y demográfico de Palestina a través de la expansión de los asentamientos y ha restablecido su compromiso de defender sus “posiciones comunes, de principios y de larga data” sobre Palestina para poner fin al colonialismo y la ocupación. El G77 (que representa alrededor del 80 por ciento de la población mundial) ha subrayado la necesidad de “poner fin a la ocupación israelí que comenzó en junio de 1967 y abordar y resolver las causas profundas de esta injusticia actual, de conformidad con el derecho internacional y la resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”. Los países BRICS también condenaron las acciones de Israel en Gaza y pidieron un alto el fuego. Mientras tanto, la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) expresaron su apoyo al caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel ante la CIJ y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) condenó enérgicamente la agresión israelí en Gaza, afirmando su solidaridad con el pueblo palestino.
La sociedad civil en todo el mundo también ha estado haciendo demandas y expresando aspiraciones por un orden más justo y basado en reglas a través de protestas, boicots, impugnaciones legales y otras acciones no violentas desde el comienzo de la guerra de Israel contra Gaza.
En las tres primeras semanas posteriores al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre y el consiguiente ataque israelí a Gaza, se produjeron unas 3.700 protestas pro-palestinas en todo el mundo; en contraste, hubo poco más de 520 protestas pro-israelíes en el mismo período. Las protestas pro Palestina han continuado con fuerza cada vez mayor desde entonces, y la mayoría de los participantes exigen un alto el fuego inmediato, el fin de la ocupación israelí y la rendición de cuentas por el apoyo incondicional de muchos gobiernos occidentales a la guerra de Israel en Gaza.
Los tribunales nacionales también se han convertido en un lugar para que la sociedad civil exponga la complicidad de su gobierno en la guerra de Israel contra Gaza y los dobles raseros que han llegado a definir el orden global.
En el estado estadounidense de California, por ejemplo, los palestinos estadounidenses iniciaron un caso federal contra la administración Biden, acusándola de ser cómplice del genocidio de Gaza y exigiendo que dejara de apoyar al ejército israelí. El tribunal finalmente desestimó el caso por considerarlo fuera de su jurisdicción, pero aun así dictaminó que la campaña militar de Israel en Gaza equivale «plausiblemente» a genocidio, y pidió a los líderes de Estados Unidos que examinaran «los resultados de su apoyo incansable al asedio militar contra los Palestinos en Gaza”.
En los Países Bajos, un grupo de ONG, entre ellas Oxfam, impugnó ante un tribunal nacional la decisión del gobierno holandés de seguir proporcionando ayuda militar a Israel en medio de su guerra contra Gaza, y ganó. El tribunal ordenó al gobierno que dejara de suministrar piezas de aviones de combate F-35 a Israel, citando un “claro riesgo de violaciones graves del derecho internacional”.
Estos casos judiciales y otros similares sirven como advertencia a los gobiernos nacionales de que su desprecio por el derecho internacional puede tener consecuencias en sus países. También demuestran la determinación de la sociedad civil de llevar los valores y principios humanitarios al primer plano de las relaciones internacionales.
Mientras tanto, el impacto del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) también ha ido creciendo como forma de resistencia civil a la ocupación israelí. En todo el mundo árabe y a nivel mundial, asociaciones académicas, sindicatos, iglesias, ayuntamientos locales e inversores privados han comenzado a desinvertir y cortar vínculos con Israel en apoyo de los objetivos del movimiento BDS.
El boicot cultural a Israel también está creciendo, y muchas celebridades mundiales cancelaron actuaciones programadas en Israel. También hay una presión para mantener a Israel fuera de eventos culturales internacionales, como Eurovisión.
Mientras se televisa la guerra contra el pueblo palestino, descrita por el profesor de derecho internacional Richard Falk como “el genocidio más transparente de toda la historia de la humanidad”, se está movilizando un movimiento global por el cambio: un movimiento por la justicia y la igualdad de trato para todos los pueblos. bajo el derecho internacional.
Trágicamente para los palestinos y para toda la humanidad, todavía existe una resistencia significativa a las demandas claras de este movimiento. En contra de las órdenes preliminares de la CIJ de impedir actos genocidas, Israel sigue realizando ataques aéreos y bloqueando la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Haciendo caso omiso del creciente apoyo mundial a un alto el fuego en Gaza, incluido el de la mayoría de los votantes estadounidenses, la administración Biden sigue bloqueando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que piden el fin de las hostilidades. A pesar del fallo preliminar de la CIJ de que es plausible que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza, Estados Unidos y varios estados occidentales continúan brindando apoyo militar, político y diplomático a su aliado.
Estos inmensos desafíos no significan que el movimiento por un orden nuevo, más justo y basado en normas no vaya a tener éxito. El movimiento tiene raíces de largo alcance y objetivos convergentes a largo plazo. Lograrlos probablemente se logrará a través de un proceso de cambio social no lineal pero transformador.
Si continúan las tendencias que estamos observando actualmente en los tribunales, en las calles, en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otros lugares, Israel y sus aliados eventualmente se verán obligados a dar marcha atrás y alinear sus acciones con el derecho internacional. El creciente apoyo a la causa palestina en todo el mundo colocará a ambas partes en una situación más igualitaria y allanará el camino para una solución política inclusiva y justa que pueda abordar las causas profundas del conflicto de décadas y lograr una paz a largo plazo. Semejante logro, y precedente, cimentará las bases de un orden más justo y basado en normas, que proteja a los vulnerables de actos extremos de agresión y exija a todos los países igualmente responsables ante el derecho internacional.
*Erin McCandless es profesora visitante distinguida de Valor Público (DVPPV) en la Facultad de Políticas Públicas de Hamad Bin Khalifa (Doha), asociada principal del Instituto Global de Investigación Estratégica (Doha) e investigadora asociada de la Universidad de Witwatersrand (Johannesburgo). La profesora McCandless se ha desempeñado como asesor académico y político durante tres décadas, en más de 20 de todos los continentes afectados por conflictos, fragilidad y crisis humanitarias y ambientales. Es una oradora muy solicitada y autora de más de 100 publicaciones, incluidos varios estudios de las Naciones Unidas.
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