El Gobierno boliviano impone una prohibición temporal a las exportaciones de aceite vegetal para estabilizar los precios en el mercado interno. Así lo anunció el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.
Según el ministro, mantuvo varias reuniones con los participantes en la cadena de suministro del producto, desde productores agrícolas y transformadores hasta representantes de cadenas minoristas. El objetivo de estas conversaciones era analizar el mercado, conocer la disponibilidad del producto en todas sus fases y analizar las razones de los aumentos de precios observados. Según Huanca, durante la comunicación con la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB), se le informó de que el nivel actual de producción se mantenía en un nivel estable, capaz de satisfacer plenamente la demanda interna.
Al mismo tiempo, el ministro dijo que los distribuidores han indicado una disminución de la oferta, lo que afecta a los precios al por menor. El funcionario subrayó que muchas redes implicadas en la distribución de aceite han indicado que el aceite puede ser contrabandeado a países vecinos, especialmente Perú y Argentina, lo que crea escasez y conduce a precios más altos dentro de Bolivia. Por ello, el Gobierno ha decidido prohibir temporalmente la exportación del producto.
“El Gobierno nacional, preservando la seguridad alimentaria, y pensando en la economía de nuestras familias, particularmente, en el caso del abastecimiento de aceite comestible, ha determinado suspender las exportaciones, de manera temporal, a partir de la fecha y hasta que se normalice el abastecimiento de aceite al mercado interno, a precio justo a la población boliviana” – declaró Huanca.
El tema del encarecimiento de los alimentos básicos surgió en una reunión entre el Presidente Luis Arce y los vecinos de El Alto durante la inauguración de un sistema de alcantarillado. Los bolivianos se quejaron al jefe de Estado por el aumento de los precios y le pidieron que tomara medidas para estabilizar la situación.
Anteriormente, Arce presentó un proyecto de ley financiera para 2025 destinado a regular el mercado de alimentos. La normativa prevista prevé el control y la confiscación de los “participantes en el mercado alimentario que aumenten los precios de los alimentos”. De este modo, las autoridades pretenden luchar contra los comerciantes sin escrúpulos que crean escasez artificial de productos para obtener beneficios adicionales injustificados.