El economista Leonardo Soto advirtió que cualquier ajuste salarial significativo en Venezuela está condicionado por una reforma necesaria a la Ley Orgánica del Trabajo, especialmente en lo referente al cálculo de prestaciones sociales. Según el analista, el actual marco legal impone cargas financieras que el Estado y el sector privado no están en capacidad de asumir bajo las condiciones económicas vigentes. Esta problemática mantiene a representantes gremiales, empresariales y al Ejecutivo nacional en mesas de diálogo técnico constantes.
La productividad como eje central
Soto enfatizó que la mejora en la calidad de vida del trabajador depende estrictamente de un incremento en la productividad nacional, un indicador que ha sufrido un retroceso acumulado desde el periodo 2010-2013, coincidiendo con la desaceleración de la actividad petrolera. El experto señaló que, para 2024, la economía nacional mantiene una estructura 75% menor a la registrada hace catorce años. Asimismo, cuestionó la eficacia de los aumentos salariales por decreto, argumentando que históricamente han derivado en presiones inflacionarias que anulan cualquier beneficio real para el poder adquisitivo.
Perspectivas de crecimiento y retos financieros
Las proyecciones económicas sugieren un crecimiento del PIB de entre 7% y 10% para el cierre de 2026, con la posibilidad de alcanzar un 13% en 2027, sujeto a la continuidad de los acuerdos petroleros y la recuperación de servicios básicos como la electricidad. No obstante, el analista calificó de «surrealista» pretender ajustar salarios basándose exclusivamente en el PIB. Según los datos presentados:
- La cesta básica se estima entre 850 y 950 dólares mensuales.
- El salario promedio en el sector privado se ubica cerca de los 250 dólares.
- El país requiere inversiones estimadas en 100 mil millones de dólares para la industria petrolera y 40 mil millones para el sistema eléctrico nacional.
Para concluir, el experto subrayó que la estabilidad macroeconómica requiere una inflación mensual no mayor al 1.5% mantenida durante 24 meses. La viabilidad del poder adquisitivo, a nivel microeconómico, debe evaluarse a través de tres pilares fundamentales: el acceso a bienes básicos, la disponibilidad de crédito bancario y la capacidad de ahorro de las familias, condiciones que actualmente se encuentran limitadas por la falta de financiamiento en el aparato productivo.
