El Fiscal General de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, ha ordenado formalmente la apertura de tres investigaciones penales relacionadas con el colapso financiero del Banco Ueno. El proceso incluye indagaciones sobre la supervisión regulatoria de la entidad, el manejo de su quiebra y la cuestionada colocación de fondos públicos en el banco. Entre los sujetos bajo análisis se encuentran el presidente Santiago Peña y diversos funcionarios gubernamentales, según información confirmada por el Ministerio Público.
La crisis bancaria ocurre en un momento de alta inestabilidad política. Mientras el Congreso debate la aceptación de la renuncia presentada por el mandatario, el Poder Legislativo mantiene vigente un proceso de juicio político bajo la acusación de presunto conflicto de intereses. La oposición legislativa ha manifestado su rechazo a la renuncia voluntaria, argumentando que permitir la salida del cargo bajo esta modalidad otorgaría a Peña el estatus de senador vitalicio, confiriéndole inmunidad parlamentaria frente a posibles imputaciones por las irregularidades financieras.
Detalles sobre el impacto económico y el alcance de las medidas:
- Impacto en fondos públicos: Se estima que el banco gestionaba aproximadamente 850 millones de dólares en recursos estatales, de los cuales cerca de 380 millones pertenecen al Instituto de Previsión Social (IPS).
- Detenciones: Las autoridades ya han ejecutado órdenes de captura contra ocho altos ejecutivos de la entidad, incluyendo a su presidente, Juan Manuel Gustale, y a Federico Miguel Vázquez, socio comercial del jefe de Estado.
- Irregularidades detectadas: Reportes de inspección señalan que la entidad otorgaba créditos de alto riesgo a empresas vinculadas a sus propios propietarios, contraviniendo normativas legales y superando los límites de garantía permitidos.
El colapso de Ueno Bank, que hasta hace poco era la entidad digital más grande del país, ha generado una crisis social de gran escala, con protestas ciudadanas en Asunción y la afectación directa de cerca de 7.000 puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo y otros organismos gubernamentales enfrentan ahora la presión de miles de ahorradores que exigen la recuperación de sus depósitos y salarios impagos, mientras el sistema financiero paraguayo intenta recuperar la confianza tras el escándalo.
