El gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó formalmente este martes un proyecto de ley destinado a modificar el régimen de reducción de condenas por buen comportamiento. La medida surge como respuesta a la crisis política desatada tras confirmarse que el Ministerio de Justicia otorgó rebajas de pena a 56 individuos condenados por delitos de violación y abuso sexual contra menores de edad desde el inicio de la actual administración en marzo.
Antecedentes y alcance de las rebajas
La controversia se originó a raíz de una investigación periodística que reveló que, del total de beneficios concedidos bajo el marco de reinserción social, 27 correspondían a sentenciados por abuso sexual y 29 por violación. Ante la presión pública, el mandatario admitió que el Estado falló en sus protocolos y garantizó que se implementarán medidas para impedir la repetición de estas resoluciones. Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que el actuar de su cartera se limitó a la verificación técnica de requisitos formales sin realizar una ponderación cualitativa de cada caso.
Contexto de la crisis institucional
La gestión del ministro Rabat ha enfrentado un rechazo transversal que incluye tanto a la oposición política como a sectores del propio oficialismo. Los principales puntos de conflicto identificados son:
- La preparación de una acusación constitucional por parte de la oposición para iniciar un juicio político contra el titular de Justicia.
- La demanda de dimisión del ministro y del subsecretario Luis Silva por parte de legisladores oficialistas, quienes argumentan que la permanencia de las autoridades actuales compromete la integridad del gobierno.
- Manifestaciones ciudadanas convocadas por organizaciones sociales en las inmediaciones del Ministerio de Justicia bajo la consigna de exigir el fin de la impunidad en delitos contra la infancia.
A pesar del malestar generalizado y las solicitudes de renuncia, el presidente Kast ha ratificado la permanencia de Fernando Rabat en el gabinete. Mientras el Ejecutivo busca blindar su gestión ministerial, la tramitación del proyecto de ley se perfila como el eje central de la agenda parlamentaria ante la urgencia manifestada por diversos sectores de fortalecer la protección judicial de los menores.
